La denuncia contra el hoy ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, constituye un hecho grave, y todos los detalles que se han conocido en los días posteriores, tanto por la prensa como por las propias declaraciones del gobierno, incluido el Presidente de la República, no hacen más que aumentar la gravedad del caso.
De lo que sabemos hasta ahora, está claro que el gobierno tomó conocimiento el martes de una denuncia por abuso sexual y posteriormente por violación contra quien era subsecretario del Interior, y recién el jueves se comunicó su renuncia por parte del propio Monsalve, con micrófono oficial en La Moneda, tras haberse revelado el caso por la prensa. En esos dos días hubo numerosos privilegios para el denunciado, como no pedirle la renuncia inmediata o derechamente sacarlo del cargo; saber que se había manipulado pruebas como las cámaras de seguridad del hotel y no denunciarlo, algo que conocimos de voz del propio Presidente de la República. Permitirle que viaje a hablar con su familia y regrese en un avión de Carabineros, con todos los recursos que eso significa. Permitir que siga representando al gobierno en actividades con el poder legislativo, a pesar de la denuncia y de que se habían iniciado diligencias por parte del Ministerio Público. Privilegios que ningún otro trabajador o funcionario público podría tener ante denuncias de este tipo, mas en un gobierno que se declara abiertamente feminista.
Desde nuestro sector, ante los gravísimos hechos, hemos anunciado que se estudiarán todas las acciones fiscalizadoras, judiciales y constitucionales que puedan tener lugar ante los hechos que, con indignación, hemos presenciado; y solicitamos a todas las autoridades mantener irrestricto apego a la protección y resguardo de la denunciante. Esperamos que el Ministerio Público ordene las diligencias pertinentes e investigue, y que sean los Tribunales de Justicia quienes determinen las responsabilidades del caso, a la brevedad.
Es deber de las instituciones evitar privilegios y tratos especiales. Algo que, por ejemplo, hicimos desde el Senado al aprobar la acusación constitucional con el Juez Sergio Muñoz, quien fue destituido por vulnerar el principio de igualdad ante la Ley en relación a familiares directos, como fue el caso de su hija.