El momento que vive nuestro país en materia de seguridad y delincuencia viene a poner a prueba los liderazgos y las instituciones. Entendiendo eso es que hace más de un año hemos insistido como Demócratas en la necesidad de tomar medidas rápidas y adecuadas, no sólo con una agenda legislativa robusta como la que estamos trabajando en el Congreso, sino, especialmente, con acciones ejecutivas y administrativas inmediatas, diciendo que Chile exige seguridad.
Por esta razón, antes que alcaldes de gobierno, hemos propuesto el Estado de Emergencia para la Región Metropolitana; una medida que ha mostrado resultados positivos en la macrozona sur. La propia Ministra del Interior, Carolina Toha, en la reciente renovación de este Estado de Excepción destacó que la colaboración de las Fuerzas Armadas y la ley contra el robo de madera han reducido significativamente los hechos de violencia en la Araucanía y el Biobío. Esto nos lleva a cuestionar por qué no implementar el estado de excepción también en la Región Metropolitana, donde los índices de criminalidad son alarmantes, a pesar de que hemos avanzado en dotar a las policías y al sistema judicial de nuevos cuerpos legales para perseguir y encerrar a delincuentes, narcotraficantes y al crimen organizado.
En este contexto, también anteriormente pusimos sobre la mesa la necesidad de un encierro de máxima seguridad para el crimen organizado. A principios de año, presentamos un proyecto de ley al Ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, para establecer un sistema diferenciado de cumplimiento de penas inspirados en el modelo italiano, donde se logró desarticular las operaciones de la mafia desde las cárceles mediante el aislamiento total de los delincuentes, con celdas de incomunicación y restricciones físicas y tecnológicas que impiden cualquier actividad delictiva. Si avanzamos en este proyecto, podremos implementar de inmediato estas medidas en nuestro sistema penitenciario sin necesidad de esperar años para construir una nueva cárcel, que por supuesto también es necesaria, junto con ampliar las existentes y mejorar la seguridad en los penales.
La lucha contra el crimen organizado no se puede limitar a encarcelar a los delincuentes y ciertamente debemos ofrecer un mejor presente a quienes son tentados por estos delincuentes, pero lo primero es enfrentarlos de manera efectiva, cerrando puertas a la impunidad. Es nuestra responsabilidad como líderes y como sociedad garantizar un futuro seguro para todos.